Al no haber llegado de visita al Congreso sino a quedarse, la informalidad proyecta desde allí su marcada tendencia general a crecer en lugar de disminuir.

Probablemente sea uno de los problemas de más honda penetración en la vida económica, política y administrativa estatal del país.

No estamos constatando, por supuesto, nada nuevo, sino advirtiendo que a la luz del crecimiento económico registrado, a la apertura de nuevos mercados internacionales y a la necesidad de posesionarnos mejor en el ránking de competitividad regional y mundial, nada resulta tan contraproducente como la presencia rampante de una informalidad que hace añicos las leyes, que corrompe trámites en los ministerios, que inunda de inequidades el mundo laboral y que penetra con desparpajo los servicios públicos de salud.

Si un parlamentario como José Anaya no solo se da el lujo de estafar al Estado, valiéndose del arca abierta de la informalidad administrativa del Congreso, sino que, además, montándose sobre la informalidad reglamentaria de la misma institución, busca obtener para sí la gracia de la impunidad, ¿a quién podemos pedirle, por Dios, una cuota de trabajo y entrega por la legalidad y la honradez en este país?

El problema, con todos sus costos políticos, económicos y sociales patéticos, recorre casi todo el tejido nacional, a tal punto que nos preguntamos, como el título de esta columna, qué cosa ya no es informal.

En otros campos, donde tampoco se perdonaría la informalidad, hay cifras de espanto. Las bebidas alcohólicas informales, por ejemplo, representan el 32% (más de la cuarta parte) del mercado total del rubro. No hay sistema regulador ni impositivo que por ahora impida los efectos profundamente dañinos de esta comercialización en las poblaciones principalmente rurales y urbanas de bajos ingresos.

Ni hablar del transporte interprovincial y urbano público y sus índices de muerte y criminalidad.

Ya sabemos que la informalidad y el contrabando constituyen los engendros típicos de un Estado que no ha sufrido mayores cambios y cuyos proyectos de reforma, desde dentro y desde fuera, han acumulado más horas-hombre de estudio y análisis que horas-hombre dedicadas a enfrentarlos con voluntad política y decisión gubernamental y parlamentaria.

Lo sorprendente es que no vemos la punta del hilo de donde jalar la madeja de la serie de reformas de segunda generación que hemos dejado atrás, mientras países como Chile y Brasil ya marchan, con ciertas dificultades por cierto, hacia aquellas otras de tercera generación.

¿Cómo pretender alcanzarlos entonces?

Empezar a construir el reino de la formalidad podría ser una buena meta de este gobierno, de aquí al 2011.